El derecho penal es la forma que tiene la sociedad para cobrar
venganza, esa es su esencia y finalidad y no existe otra, así que cuando siguiendo alguna moda
ideológica o algún esnobismo se le quiere convertir en otra cosa, entonces será invariablemente una
banalidad, o un estrategia dictatorial, o una simple brutalidad. Eso lo
supieron los antiguos que estaban a salvo del montón de textos basura que se
publican ahora, y sin malicia pero con gran justicia primitiva elaboraron la norma penal por excelencia: “Ojo
por ojo y diente por diente”.
La justicia penal es también un índice excelente para medir la
salud de cualquier sociedad, de manera que los pueblos mejor posicionados en el
mundo, son aquellos que tienen una justicia realmente expedita, congruente con
lo que piensan y sienten los miembros de la sociedad, en cambio corresponde a
los pueblos degradados la justicia penal injusta, corrupta, desconectada del
sentimiento social, desprestigiada y alambicada hasta el punto de ser
incomprensible, cosa de eruditos.
En poco tiempo los mexicanos estamos presenciando eventos dramáticos
que involucran a nuestra justicia penal, en primer lugar por su significación
en los diarios mundiales, el caso de Florence Cassez sometida a un largo juicio,
viciado de origen por la frivolidad de quien fuera director de la Agencia Federal
de Inteligencia, Secretario de Seguridad Pública Federal y hombre fuerte del
gobierno del Presidente Felipe Calderón Hinojosa. Este caso fue el vértice de
un vodevil, que sería hilarante de no ser por lo trágico del tema, al final el
desenlace fue un trago amargo para todos, incluyendo para la integridad del Poder
Judicial de la Federación que se exhibió como una trampa que mantuvo cautiva a la
procesada y sentenciada, cuando debió ser liberada casi de inmediato,
simplemente porque su juicio lo convirtió el poderoso funcionario en una farsa,
para satisfacer su protagonismo histriónico.
Por otra parte, las condiciones de inseguridad, insalubridad y en general, indignas que privan en nuestras prisiones -desconocidas en detalle por la sociedad- ya que se insiste en ocultarlas por razones de "seguridad", terminan por convertirse en causal de amotinamientos, tal es el caso de la prisión modelo de las Islas Marías, donde mas de 600 reos piden trato humanitario y digno, es cierto que compurgan penas, pero no son animales para ser tratado peor que ellos por un amo desnaturalizado. Las prisiones son gigantescos centros de negocios o de "ingresos propios" como los llaman sus administradores, en las prisiones prevalece la mas eficiente organización para degradar a las personas, nuestros penales son escuela del crimen, negocio para los administradores, escenario verdadero de la "lucha de clases" pues en ellas se vive el capitalismo mas feroz, son en suma un castigo inusual e indebido para los reclusos, zona de tolerancia para las drogas y otra verguenza más para los mexicanos.
Como reacción ante la vergüenza que mancilló a la Procuraduría
General de la República en el caso Cassez, el presidente Enrique Peña Nieto urgió a legisladores
y a jueces a realizar las reformas del sistema penal, para adelantar al “Sistema
Procesal Penal Acusatorio” que recoge las peores instituciones del sistema de
justicia norteamericano, como las “negociaciones” con los delincuentes a fin de
que estos se declaren culpables y se dicten rápidas y generosas sentencias en su favor y por otra parte, el nuevo sistema carece de la gran
virtud del sistema de justicia penal norteamericano que son los jurados
populares.
El sistema de justicia de nuestros vecinos parte del principio de
que la justicia dimana del pueblo, es decir de los jurados populares y no de
una casta aristocrática de peritos, como son los jueces, en este orden de
ideas, el “Sistema Procesal Penal Acusatorio” mexicano es antidemocrático y
anti popular, pues sigue dejando en manos de jueces profesionales, el decidir si
alguien es o no es culpable. El presidente urge para que tengamos un sistema de
justicia convertido en un mercado entre “fiscales” y criminales, donde el
pueblo siga siendo ignorado, pues sigue imposibilitado a participar como jurado.
El primer día de su gobierno, nuestro presidente nos informó que propondría un Código penal “único” para todo México, asumiendo para la "federación" todas las facultades que hasta ahora tienen los estados para promulgar
su propio código penal. Por lo que no solo tendremos una mala justicia, como lo prueba
el caso Cassez, también tendremos un sistema penal convertido en un mercado donde las penas se
regatean con los criminales, y donde el pueblo carecerá del derecho a ser juez en
los casos penales de su comunidad, sino que además tendremos un sistema penal centralista, centralizado en
la capital de la república, desde donde se pretende determinar que conducta será
delictiva y como se castigará en todos los estados de la “federación”. Se nos trata desde el centro, como si
todos fuéramos iguales y todos tuviéramos la misma problemática criminal que el
Distrito Federal, o como si fuéramos inferiores e indignos de confianza para decidir por nosotros mismos.
Todo esto, ocasiona un sentimiento de inconformidad y de desprecio
contra nuestro sistema penal, contra la Procuraduría General de la República,
contra los jueces de distrito, contra los magistrados unitarios y colegidos de
circuitos, contra los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, contra
los jueces y magistrados en los estados, contra los “fiscales” que vienen,
contra los ministerios públicos, contra las policías de todo tipo aun contra la
nueva “gendarmería”, simplemente porque las reformas no implican ningún cambio
en la calidad moral, ética de quienes intervienen en los procesos justíciales.
En pocas palabras seguimos como siempre, mal y de males.
Es obvio que nuestra justicia debe cambiar, la alternativa esta a la vista: Hacia la justicia que nos propone el presidente y la cúpula política nacional o
hacia los jurados populares que nos proponen los vecinos de los pueblos víctimas
de la delincuencia en el estado de Guerrero, debemos decidir si continuaremos con la justicia de los eruditos
distantes y abotagados con el oro del erario, o hacia la justicia del pueblo; Hacia una justicia laxa de penas severas pero que nadie cumpla, de convenios en lo obscurito o hacia una justicia que a cada cual le de lo que a cada cual le corresponda. Debiéramos estar decidiendo esto nosotros, debiéramos.
Por Antonio Limón López
