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ESPEJITOS A CAMBIO DE NUESTRA PLATA.

El pasado 24 de abril el GIEI, Grupo Interdisciplinario de Expertos Internacionales, presentó ante la opinión pública su segundo informe, la expectativa popular que había despertado fue muy grande, pues desde que el gobierno de México anunció que no prorrogaría el contrato que concluirá este próximo día 30 de abril, se supuso que la información que habría logrado compendiar durante su segundo año, contendría datos que anularían los cimientos de la investigación realizada por la PGR, Procuraduría General de la República, o que fijaría nuevos derroteros para la Averiguación Previa 871 del 2014, abierta con motivo de la Desaparición Forzada y el probable Homicidio de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotizinapa, ocurrida entre la noche del 26 de septiembre del 2014 y el día siguiente.
Sin embargo dichas expectativas no fueron colmadas. El GIEI en su segundo informe objetó el Tercer Peritaje realizado en el basurero de Cocula, por un grupo de expertos designados en conjunto por el mismo GIEI y la PGR, que incluyeron al Dr. José Torero. La descalificación consiste en que el peritaje consta de solo 9 páginas y que en su parte conclusiva no es determinante, pues según su experticia “Existen evidencias de que en el sitio de Cocula hubo un fuego controlado” y que “se incineraron al menos a 17 adultos”, pero sin determinar cuáles fueron los combustibles utilizados ni el tiempo que se sostuvo el fuego controlado, pues “existen factores desconocidos como el de los combustibles utilizados, y el de la duración de la incineración”.
En la indagatoria, se dice que “El Cepillo”, “El Pato”, “El Jona”  y “El Chereje”, indicaron que en el basurero de Cocula se realizó “una pira humana, para atacar a los presuntos contrincantes de Guerreros Unidos” y que “El Pato” ordenó que los pusieran en “una plancha de llantas, leña y fueron quemados con diesel, terminando de incinerarlos ya por la tarde.” Esta afirmación relativa a los combustibles proviene de un testigo de entre los ahora procesados, que no necesariamente sabía con exactitud que combustibles se utilizaron. 
En cualquier caso, el #GIEI no desvirtuó el tercer peritaje, pues la mayor objeción, es una de las premisas del propio peritaje objetado, que consiste en que con independencia de los combustibles y de la duración del fuego controlado ocurrido, si se incineraron al menos a 17 adultos en el sitio. Cabe decir que esto afirma el grupo de seis peritos acordados entre la PGR y el GIEI incluyó al perito José Torero.
Es en este punto, en que el Segundo Informe del GIEI, toma el sendero de desacreditar la Averiguación Previa, sin que proponga ningún objetivo en substitución, al contrario insisten sus miembros en que no les corresponde juzgar, pero en esencia eso hacen constantemente, por ejemplo cuando argumentan en el Informe II:

“..las distintas versiones que ha brindado la Procuraduría General de la Republica, en las diferentes consignaciones de los imputados ante los jueces o en conferencias públicas son contradictorias entre sí, con el resto de evidencias que se encuentran en la investigación y construidas a partir de relatos que tampoco son precisos ni congruentes.”

En este párrafo el GIEI ésta afirmando veladamente que la PGR brinda "diferentes" "versiones" en las "consignaciones de los imputados", cuando en realidad son los imputados quienes brindan sus propias versiones de lo que atestiguaron y de lo que hcieron. En todo caso si el GIEI considera que la PGR ésta manipulando las versiones de los imputados, pues debiera de decirlo directamente, cosa que no hace en ningún momento. Es obvio que con decenas de testigos e imputados, no todos tienen la misma versión de los hechos, esto no es de sorprenderse pues es normal que en los eventos en grupo, los individuos den testimonios que se contradicen entre sí en detalles, y esto es lo que hay que esperar de los testigos auténticos, pues son los testigos falsos los que declaran en forma perfectamente igual entre si.
El GIEI le no proporciona información de los reportes de inteligencia en los que se fundamenta para sus conclusiones, conservándolos como “confidenciales” lo cual impide su corroboración y su incorporación al proceso, y ocurre lo mismo con los reportajes y declaraciones periodísticas a las que les otorga el valor de hechos ciertos, probados e indubitables:

“Para el GIEI es importante poder revisar y evaluar dichos reportes de inteligencia con la confidencialidad necesaria pero con el acceso pleno a sus análisis o revelaciones.
Por otra parte, respecto de esta solicitud si bien se entregaron reportes sobre Los Rojos y Guerreros Unidos, la fuente de la información era hemerográfica.”

El GIEI como se aprecia, hace análisis de reportes de inteligencia que no revela por razones de “confidencialidad” -lo cual contrasta con su actitud de revelar cualquier cosa- y por otra parte no duda en tomar como fuente de información a las notas periodísticas, las cuales son poco confiables en México y en el mundo.
Así, el GIEI nunca devela si, conforme a su sapiencia y conocimiento tanto de la Averiguación Previa, como de su propia experticia  los estudiantes normalistas viven, o si viven algunos, o si todos fueron asesinados, esto es muy importante porque el propósito de la Averiguación Previa es el de saber lo que ocurrió con ellos, y enjuiciar debidamente a los detenidos por su participación en los delitos que resultaren. El GIEI no emite ninguna conclusión relacionada con la vida de los estudiantes, simplemente se concreta a decir que ocurrieron “agresiones” y que no hubo incendio en el basurero de Cocula el día en que los procesados, autores materiales de los homicidios, serían incinerados.
Contra la postura del GIEI, obra el primer dictamen pericial de la PGR, y el tercero cuyos especialistas en fuego, están entre los más reconocidos a nivel mundial, incluyendo entre ellos a José Torero, el experto que declaró en septiembre de 2015: "no existe ninguna evidencia que realmente apoye los testimonios (que indican) que hubo un proceso de incineración de gran escala en el basurero", y que ahora en 2016 concluyó diciendo que al menos 17 adultos fueron incinerados en el basurero de Cocula.
El otro aspecto relevante , acaso el de mayor importancia forense, es la revelación, desconocida hasta que se produjo el propio Segundo Informe, es la supuesta realización de una diligencia de toma de evidencias datada el 28 de septiembre de 2015 por la AIC, o Agencia de Investigación Criminal de la PGR, lo cual es importante porque según el GIEI la toma de evidencias fue exclusivamente el 29 y no el 28, porque en el proceso penal se precisa que la diligencia fue desde el 29 al 30 de octubre. 
El GIEI prueba esto con el reportaje digital, en Internet, del diario "El Sur de Acapulco", “posteado” el 29 en que se afirma que “ayer” un grupo de personas, marinos, agentes de PGR y AIC estuvieron en el río San Juan “buscando a los estudiantes”, entre ellos el titulas de la AIC, Tomas Cerón y un detenido, sin mencionar la participación de peritos. De dicha diligencia dice el GIEI no existe constancia en el expediente.
Esto sería “corroborado” por una fotografía, que efectivamente obra en el expediente del proceso penal, en la que se aprecia una papeleta de identificación de muestras fechada el 28 de septiembre del 2015, apreciándose que es de PGR. Además de un vídeo que no se indica en el informe del GIEI de que sitio puede descargarse, ni quien lo proporciona y que no se anexa al expediente.
La PGR al ser cuestionada por los medios de comunicación dijo que el dato de la fecha yuxtapuesta se desconocía, pero que “se está investigando”. Las hipótesis que se desprenden son: 


1.- Los agentes “sembraron” la bolsa negra con el material óseo incluyendo el diente del único estudiante identificado, Alexander Mora (Esto se colige, pero nunca es señalado así por el GIEI). Cosa improbable pues los periodístas nunca mencionan que se hubiera transportado una bolsa, cuyo tamaño es relativamente grande y de plástico negro, del tipo que se utiliza para la basura; y, 2.- Que se hubiera cometido un error al precisar la fecha en que se localizó dicha bolsa, lo cual es bastante frecuente al escribir una fecha, o un nombre, en el caso se fijó la fotografía como tomada el 28 y no el 29 de septiembre del 2015, como ocurrió con las restantes evidencias datadas todas el 29 y solo la mencionada que es de fecha 28 de septiembre.

Las restantes hipótesis y nuevas líneas de investigación que propone el GIEI son simples distractivos, cuya indagatoria es ajena al infortunio de los estudiantes, y que no aportan ninguna novedad, que no sea la de crear un misterio y falsas expectativas con banalidades.

Entre las líneas que sugiere investigar el GIEI y que son notoriamente irrelevantes, se encuentra la del “Caminate” que sería una persona que coordinaría a los policías, lo cual carece de valor pues es sabido que los agentes policiacos participaron en la detención de los jóvenes y entrega de estos a los Guerreros Unidos.
Otra que llega al punto de lo tragicómico es que si viene es cierto que se instruyó a los autores materiales que recolectaran los celulares de los normalistas y los destruyeran, esto no implica que todos los celulares hayan sido destruído, es muy probable que algunos delincuentes hubieran sustraído algunos celulares y los hubieran estado utilizando hasta acabarse el crédito. Incluso desde uno de esos celulares se le envió el mensaje a la madre de uno de los jóvenes diciéndole por texto, que estaba bien pero que necesitaba que le pusieran más crédito al teléfono porque ya se le había agotado. Para el ingenuo GIEI, el uso de los celulares implica que los estudiantes estarían vivos.
La hipótesis del quinto “bus” que siendo un autobús local, según el GIEI pudiera ser pieza clave en el transporte de droga a Estados Unidos de América, cosa imposible, porque los norteamericano no son tan torpes como para dejar pasar un camión chatarra con placas de Guerrero cargado de drogas, y además el GIEI no precisa la importancia y magnitud del tráfico de drogas en la zona, ni la razón por la cual esto modificaría la acusación contra los procesados o serviría para localizar a los 43 estudiantes.
Otro “nuevo descubrimiento” es el de la ampliación del área de los hechos a consecuencia de un retén de embozados, ya que es normal que delincuentes pongan retenes para extorsionar a conductores. Este reten de delincuentes, no modifica en nada los hechos por los que se comete el asesinato.
El GIEI, sugiere investigar a la policía del municipio de Huitzuco, al que erróneamente el GIEI denomina como Huiztuco y Hutizuco en su informe, lo cual demuestra que a cualquiera se le queman los frijoles, o dicho de otra manera que se cometen errores de nombres y también de fechas, sin que esto destruya las acusaciones pues compete al Juez ponderar todas y cada una de las evidencias.
Lo último relacionado con la indagatoria, es la tortura a 17 procesados, a esto responde la PGR diciendo que se están investigando todas las denuncias de tortura, y que algunos de los 17 indicados, fueron detenidos con motivo de otras indagatorias, por otras autoridades o que fueron producidas entre ellos mismos, auto infligidas o como consecuencia de las riñas.
Existen dos aspectos relevantes de la actitud ante los hechos sabidos por parte del  GIEI, el primero consiste en aclarar que la toma de caminones es algo normal en la zona, y aceptado de buena gana por los transportistas, que sus maestros los autorizaron para viajar al DF a conmemorar el 2 de octubre de 1968, por lo que su conducta estaba dentro de lo normal y aceptado socialmente, esto contrasta con la omisión a mencionar que las desapraciones frozadas son lo mas normal en la zona ¿Por qué precisa el primer aspecto y oculta el segundo en sus informes?  
Hasta este punto, el GIEI se ubicó en el plano estricto que compete a los peritos, sin embargo, la parte conclusiva de su labor pericial desemboca en 22 propuestas de reforma al sistema penal mexicano y de derechos humanos. Este nuevo aspecto del GIEI, es ajeno a su función pericial, y se aposenta en el de legisladores y en el de defensor de los derechos humanos, cosa para la cual no fueron contratados.
A lo largo de su estancia en México, el GIEI insistió en que no se pronunciaría ni sobre la responsabilidad de los procesados ni sobre la vida y localización de los estudiantes, pues esto sería ajeno a la función de perito, sin embargo tampoco fue contratado para reformar nuestra legislación penal, como lo intenta con sus 22 propuestas de reformas.
En lo personal creo que el GIEI en lugar de comportarse fuera de su papel de “perito científico” y comportarse como legislador o defensor de derechos humanos, debiera habernos resuelto las grandes interrogantes como si los estudiantes viven, dónde están, quisiera que se saber nos dijera si los detenidos participaron en el homicidio de los estudiantes o no. Con ello hubiera hecho un gran beneficio a este país ayuno de verdad y de justicia.
El GIEI se va dejando atrás a México ardiendo en la superchería, y se comportó como en el remoto pasado, cuando llegaban de afuera y nos entregaban espejitos a cambio de plata constante y sonante.  El GIEI no es un paréntesis en nuestra historia, es al contrario parte de la constante, nos dejaron igual, a cambio de espejitos ... y se llevaron nuestra plata.

Por Antonio Limón López.
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