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¿La Guerra de Calderón?



La lucha contra la delincuencia organizada que en otras partes del mundo es llevada y soportada estoicamente, en México adquiere rasgos inusitados, se convierte en un motivo de escarnio y de descredito generalizado, entre nosotros es la “Guerra de Calderón”, y sin duda esta "guerra" fue otro protagonistas de la elección, en primer lugar por el gran efecto económico y social que tuvo dentro de las finanzas de todo s los gobiernos, pues los presupuestos tanto de las fuerzas armadas como de la Secretaría de Seguridad Pública se vieron incrementados sensiblemente, y por otra parte la estructura gubernamental sufrió varias fracturas, la primera puso en duda la legalidad de la participación del ejército como agencia investigadora de ilícitos, como es el caso de los delitos de delincuencia organizada o contra la producción y comercialización de las drogas, otra desacreditó la viabilidad de las fuerzas policíacas locales, estatales y municipales, frente a las federales, ya que el presidente de la república abiertamente promovió la centralización de todas las fuerzas de policía bajo el "mando único" y ante la imposibilidad de materializar este propósito, se creó un sistema de castigos y premios con los recursos económicos que la federación debe entregar a los municipios y estados, mediante el cumplimiento de ciertos “controles de confianza”.

El presidente Calderón dio la cara a las críticas desde que estas aparecieron, algo que fue mucho antes de la elección presidencial, desde el inicio de su gobierno, sus defensas eran las que se podrían esperar de un abogado, “mientras existan los delitos contra la producción y comercialización de las drogas en México, será la obligación del gobierno aplicar esas leyes y castigar a quienes cometen esos delitos” pero abiertamente agregó que si las fuerzas policíaca ordinarias no eran suficientes o se carecía de la confianza en ellas, entonces se recurriría a las fuerzas armadas, esto no fue ninguna novedad, pues desde tiempos del presidente Luís Echevarría el ejército realiza labores de policía en Sinaloa, instalando retenes en las carreteras de todo el norte de la república, efectuando detenciones y destruyendo plantíos de drogas, en tiempos del presidente Carlos Salinas fue incluso utilizado para detener al líder petrolero Joaquín Hernández Galicia, “la Quina”.

En sus primeras etapas la producción de drogas fue combatida por autoridades estatales y federales, pero ante el crecimiento de la actividad criminal durante finales de los años sesenta, se optó por concentrar la competencia en las autoridades federales exclusivamente, lo que desembocó en un proceso de corrupción irreversible de la policía judicial federal y de los agentes del ministerio público de la federación, sin embargo la corrupción no se limitó al ámbito policiaco o judicial, se extendió a las autoridades políticas de todo tipo y nivel, a los medios de comunicación y a los negocios de prominentes empresarios, a las familias ilustres y de buen nombre. Nadie parecía estar ajeno a la tentación de los recursos ilimitados de los traficantes y la corrupción dio a todo el que quisiera la oportunidad de llevarse una tajada de las utilidades del narcotráfico, negocio cuyos clientes únicos eran nuestros adinerados vecinos del norte, que desde el término de la guerra de Vietnam se convirtieron en grandes consumidores de todo tipo de drogas.

Cuando en el 2000 el Partido Acción Nacional ganó las elecciones, los mexicanos esperaban que este cambio histórico trajera grandes cambios en el país, incluso los adversarios priistas y perredistas simpatizaban con Vicente Fox y todos daban por descontado que el primer objetivo del nuevo gobierno sería la corrupción generalizada y un ataque a la delincuencia organizada más en serio que en el pasado, sin embargo pronto quedó claro que el único interés del nuevo gobierno fue el de tratar de materializar las reformas que, con nula fortuna, había intentado antes el presidente Ernesto Zedillo Ponce de León y que eran las de abrir PEMEX a la inversión extranjera en ciertos rubros y en lo fiscal,  cobrar el IVA en medicinas y alimentos. Nunca estuvo entre las prioridades de Vicente Fox acabar con la corrupción, o enfrentar el enorme poder de la delincuencia organizada.

Fue precisamente durante el gobierno de Vicente Fox cuando se escapó de una de las prisiones de “alta seguridad”, Joaquín Guzmán Loera alias “el chapo”, el poderoso líder del Cartel internacional de delincuentes originario del estado Sinaloa,  lo hizo sin disparar un solo tiro y sin romper un solo candado o remover un gramo de tierra del patio, ocurrió de forma tan limpia y los resultados de la investigación se toparon con una muralla de silencio que desde entonces se ha dicho, y así lo han mencionado la periodistas especializados en el narco, que esa fuga debió autorizarse desde “el más alto nivel en el gobierno de la república”, actualmente el “chapo Guzmán es el delincuente más poderoso y más buscado en México y muy probablemente en el mundo.

Por cierto que el tema del narcotráfico ha vendido millones de libros, algo notable en un país que es ejemplo de malos lectores, esas historias relatan crueles guerras entre carteles de narcotraficantes, amoríos entre amapolas y matas de mariguana, son historias de familias enteras marcadas por el dinero, las armas y la muerte, son crónicas de políticos venales y de comerciantes astutos que van por su parte, de venganzas, de lealtades absolutas que terminan con un tiro en la nuca, de secuestros, de violencia. Es claro que el narco creó una cultura con su propia música, su ropa, sus anécdotas y con su propia herejía religiosa, con su propia forma de honrar a sus muertos, héroes y santos.

En cuanto a la violencia, existen versiones de que la escalada de mortandad que México padece desde el 2006 no es nueva, que en otros años pudo superar los 60 o 70 mil muertos, pero que no existe datos documentados ya que no existía ningún sistema de monitoreo en este tema, al sexenio que se le supone con una violencia equiparable o superior a la actual es al de Carlos Salinas de Gortari y en cuanto a focalización de la violencia, se considera que durante el gobierno de Luís Echeverría fue el estado de Sinaloa el escenario donde impero una extraordinaria violencia con la tristemente “Operación Cóndor”, pero hay que decir que pese a todo, nadie imaginó en 2006 que la delincuencia fuera a arrojar más de 60 mil homicidios en seis años, nadie pudo imaginar los niveles de crueldad que se vieron en 2008, cuando se pusieron de moda los descabezados, los colgados y los “empozolados”, además de los homicidios, miles de personas han desaparecido (25 mil entre 2006 y 2011), algunos de los cuales son buscados infructuosamente por su padres, miles de cuerpos desconocidos permanecieron en la “morgue” a espera de que alguien los reclamara sin que ocurriera esto y miles yacen sepultos sin identificación alguna. 


La mortandad es tan grande en ciertas regiones del país, que las autoridades forenses delegan en algunos pueblos plenas facultades a las funerarias, que son habilitadas para hacer necropsias, recoger muestras biológicas, tomar huellas digitales, identificar a los cuerpos, fotografiarlos y sepultarlos de acuerdo a los deseos de los familiares, cuando se hicieren presentes. Si aceptamos el término “guerra” para  darle algún sentido a esta matanza, deberemos también decir que no es una guerra de precisión, ni de baja intensidad, por el contrario es una guerra a gran escala, que ha causado más muertes que las ocurridas durante todas las batallas de la revolución mexicana o durante las de la guerra de independencia y reforma, más que las que arrojó la intervención francesa y solo las guerras contra Estados Unidos las superan.

Las organizaciones delictivas son acosadas por las autoridades, pero en mucho mayor medida por la guerra permanente entre ellas, ya que su misma existencia es amenazada por otras organizaciones criminales que les pelean las rutas de tráfico, los clientes, los proveedores, los plantíos y además se enfrentan a enemigos en el interior de sus organizaciones que a la primer oportunidad se rebelan y atacan a sus jefes,  para separarse y formar sus propias organizaciones, es una guerra donde se utilizan las mismas estrategias militares desde Julio César, los carteles viven bajo la amenaza de divisiones internas fomentadas por sus enemigos externos, y no solo los lideres sino algunos lugartenientes son altamente cotizados vivos o muertos tanto por las autoridades como por los carteles rivales, por lo que sostenerse en el liderazgo y mantener el rumbo de la empresa es algo que merece reconocimiento aunque sean criminales.

Pero en cuanto a la participación en la política, no existen estudios seriamente documentados sobre la probable participación en  elecciones anteriores y con seguridad no los habrá sobre la recién transcurrida, ni sobre la forma en que operan los carteles en nuestra vida política, por desgracia este tipo de investigaciones científicas carecen de lugar en el esquema de la lucha contra la criminalidad en México, por lo que si existiera un centro de estudios sobre la delincuencia organizada, estará solo en proyecto en las gavetas de algún escritorio empolvado en el sótano de la Secretaría de Seguridad Pública. Sin embargo es un hecho que la delincuencia organizada actúa en lo político, recientemente la fundación Konrad Adenauer dio a conocer en el libro “Siguiendo la ruta del dinero en Centroamérica: lavado de dinero y sus implicaciones en la seguridad regional” que en México se lavan 10 mil millones de dólares al año y los criminales cuentan con enormes recursos económicos para poner contra la pared a nuestros cuerpos famélicos policiacos locales, que son perseguidos por los sanguinarios carteles multimillonarios y por la burocracia de la Secretaría de Seguridad Pública, que los mantiene mal armados y a pan y agua en el frente de batalla, y también los recursos de los delincuentes se utilizan para apoyar campañas políticas.

Más allá de lo anterior, en México contamos con pruebas de la participación de la delincuencia organizada en nuestra política nacional, algunos alcaldes han sido asesinados, el candidato a gobernador del estado de Tamaulipas Rodolfo Torre Cantú fue asesinado en plena campaña electoral, y por otro lado pero precisamente en relación a las elecciones de ese estado, el 2 de febrero del 2010, el dirigente nacional del PAN Cesar Nava, de manera formal y con la caradura que le es propia, dijo: "En el caso de Tamaulipas, el Comité ha aprobado designar candidato que es el método excepcional", previsto en el Estatuto, pues "es de todos conocidos la posible influencia del crimen organizado en la designación de candidatos" y "Estaremos conscientes y tranquilos, sin someternos a ninguna presión y a ningún chantaje"

Por desgracia en la mayoría de los casos el gobierno del presidente Calderón que es el competente en materia de delitos federales como los vinculados a armas de uso exclusivo del ejército, tráfico de drogas no ha sido muy exitoso en sus investigaciones contra los grandes delincuentes ni contra los políticos a los que ha procesado penalmente tal es el caso de Gregorio Sánchez, al que se acusó de diversos delitos relacionados con la Delincuencia Organizada en particular con el de “lavado de dinero” supuestamente proveniente del narcotráfico, justo cuando era el candidato del PRD al gobierno de Quintana Roo, durante el mismo gobierno de Felipe Calderón fueron detenidos una veintena de alcaldes de Michoacán acusados de colaborar con la delincuencia organizada en sus municipios, tanto los alcaldes como el propio Gregorio Sánchez fueron liberados después de un tiempo, por lo que respecta al candidato a Gobernador de Guerrero y ex alcalde de Acapulco Manuel Añorve, se filtró al cierre de la campaña desde la PGR que un testigo protegido, declaró a la fiscalía que este habría recibido 15 millones de dólares, salvo el desprestigio la cosa no pasó a mayores y la procuraduría así lo hiso saber pasadas las elecciones, otro caso distinto es el del ahora exdiputado federal Julio César Godoy Toscano, que en 2010 tomó posesión de su encargo y posteriormente fue desaforado para que se le siguiera un proceso por delitos tipificados por la legislación contra la delincuencia organizada y continúa prófugo. Es cierto que se sospecha que el presidente Calderón recurría a todo con tal de tomar ventaja electoral o para asegurar el paso franco a sus favoritos, pero es un hecho que el asesinato de Torre Cantú, el desafuero a Godoy y la aprehensión de los alcaldes michoacanos, entre ellos varios panistas, son pruebas de que la delincuencia organizada si interviene en la política.

También hay que considerar que las organizaciones criminales han evolucionado, a principios de los años setenta se concretaban a satisfacer el mercado norteamericano básicamente con mariguana, hasta que la guerra entre las bandas mismas por el mercado norteamericano y mexicano creó una situación de mayor violencia, con más dinero en juego, con mayor persecución en todas las rutas desde Sudamérica, hasta Canadá y Europa, y sumado a los síntomas antes mencionados debemos concluir que los criminales tiene problemas “políticos” en su relación con las autoridades y sobre todo, en el reparto de las rutas y zonas de influencia y poder. 


Una de las primeras posturas abiertamente políticas de los carteles criminales, fue la asumida por los “Zetas”, quienes se extendieron por toda la república, no solo en plazas donde pudiera haber grandes ganancias, sino incluso en regiones empobrecidas, llegaron ofreciendo “protección” a los pequeños comerciantes legítimos, organizaron grupos de sicarios para cometer todo tipo de delitos que produjeran ingresos, entre ellos destaca el “cobro de piso”, el secuestro y los asesinatos bajo contrato, así como el cobro de deudas impagadas por deudores morosos a sus acreedores, deudas legítimas, e impartían justicia expedita pero en nada salomónica, todo esto implica una organización “política” con fuerzas disuasiva y de represión, con líderes sociales y agentes recaudadores, hasta con un escudo oficial, tan grande fue su éxito y tan desmesuradas sus pretensiones, que pronto surgieron otras organizaciones criminales para liberar a los ciudadanos de los “Zetas”, así surgió “La Familia” que se propuso como un escuadrón de limpieza contra los “Zetas”, pero que se dedicaba a lo mismo pero con mejores “funcionarios”, este modelo ha seguido evolucionando pues compite contra los gobiernos legítimos desalentados por la pobreza y por la carencia de medios para defenderse.     

Entre las filtraciones que se escuchan, se dice que el imperio de Joaquín Guzmán, el “chapo” se extiende por todo el norte de México, gobernando literalmente a cientos de miles de personas, con un ejército regular de medio millón de sicarios, con una fortuna personal que lo coloca en la cima de los más encumbrados multimillonarios del mundo, a pesar de que cuándo dijo sus generales ante el agente del Ministerio Público, dijo ser un modesto agricultor, apenas con educación básica.

Si la delincuencia organizada como brazo armado y como gran alforja de riquezas faraónicas pone a temblar a México, desde la intelectualidad mexicana y latinoamericana se forjó un movimiento alimentado por nuestra animosidad contra Estados Unidos  y por el triunfo de las ideas mercantilistas o capitalistas, que aseguran que todos los males sociales son corregibles por la oferta y la demanda. La lista de intelectuales, políticos y empresarios que abogan por la supresión de todos los delitos que prohíben la producción y libre venta de todo tipo de drogas es impresionante, incluso existe un movimiento encabezado por el poeta Javier Sicilia que abiertamente propone al gobierno mexicano que legalice el comercio de todo tipo de drogas, el ex presidente Vicente Fox ha propuesto un “arreglo” con los delincuentes para permitirles que realicen sus actividades, sin causar víctimas inocentes.

Durante las elecciones presidenciales del 2012, la delincuencia organizada fue también un protagonista, pero no porque se haya demostrado que apoyara a algún partido, ni con dinero, ni con amenazas o con violencia selectiva, al menos no existen acusaciones directas en este sentido, los donativos, incluso los ilegales si se demuestra que los hubo, provendrían de empresas legítimas como bancos, medios de comunicación, abarroteras y donantes particulares en lo personal, pero no se ha señalado que ningún cartel estuviera apoyando específicamente alguna candidatura, como abiertamente ocurriera en Colombia, donde incluso Pablo Escobar Gaviria jefe del poderoso cartel de Medellín llegó a ser Senador suplente e incluso en 1982 fue uno de los invitados a la toma de posesión de Felipe González. Pero el verdadero protagonismo de la delincuencia organizada o del narcotráfico se debe a que fue un tema central de la campañas políticas este 2012, estuvo presente en todos los debates como tema oficial bajo la denominación de "Seguridad", y la sociedad debatió larga y profusamente el tema y las posturas de los candidatos, que en casi todos ellos fue la misma, combate a la delincuencia criminal y no a la legalización de las drogas.  

Sin embargo, hubo una campaña cultural de consecuencias políticas prácticas, fue una campaña de tono pacifista, que exigía “No más sangre” y que al mismo tiempo acusaba al gobierno del presidente Calderón de sostener una guerra fratricida y perdida de antemano, es obvio que esa “guerra” era el combate a la delincuencia organizada y en específico contra los narcotraficantes. Tan importante fue esta corriente social y cultural que las redes sociales se saturaron pronto con ese “pacifismo”, se elaboraron avatares para los usuarios de internet y desde las redes sociales se atacó al presidente Calderón y al PAN preferentemente, pero también a los medios de comunicación y a cualquier político o periodista que apoyara “la guerra de Calderón”, entre los más destacados objetores esta la casi totalidad de los intelectuales mexicanos empezando por Jorge Castañeda, Aguilar Camín y el actual Secretario Ejecutivo de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos Emilio Álvarez  Icaza , entre otros muchos.

A diferencia de los objetores pacifistas de Estados Unidos que casi en su totalidad lo eran por razones religiosas o éticas, los objetores mexicanos lo hacen por razones ideológicas, en este caso inspirado en que la “mano invisible del mercado” que todo lo corrige, corregirá el problema de manera sencilla, económica y duradera. La teoría aduce que la violencia y la delincuencia asociada a las drogas, no son producto de ellas, sino de la prohibición que las coloca como delito o como bienes que no están en posibilidad de comerciarse, que es una batalla perdida toda prohibición pues en la medida en que esta intenta imponerse mejoran las condiciones de mercado de los que quieren satisfacer la demanda, aumentando el precio y las consecuencias indeseables, por todo ello al momento en que dichas prohibiciones sean retiradas, y entonces sean “legalizadas” todas las drogas y se conviertan en mercancía legítima, los productores y comercializadores de las drogas lo harán al amparo de la ley y pagarán grandes impuestos, para combatir los efectos nocivos de las mismas en la sociedad, dejando a los delincuentes sin posibilidad de seguir actuando como tales.

Con este escenario fuimos a las campañas electorales, y como ya se mencionó el tema de la “Guerra de Calderón” tomó vuelo al extremo de que  el vicepresidente de Estados Unidos Mr Biden visitó nuestro país y se entrevistó con los tres candidatos con posibilidades reales, Josefina Vázquez Mota, Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador, los dos primeros afirmaron sin cortapisas que continuarían combatiendo a la delincuencia organizada y solo López Obrador se mantuvo argumentando que no era cuestión de ocurrencias y que lo consultaría cuidadosamente antes de decidir qué hacer.

En las redes sociales, que ahora tuvieron una gran importancia, aunque no decisiva, el lema y los avatares de “No más sangre” fueron dominantes al inicio de la campaña, pero poco a poco fueron dejados de lado, lo mismo el tema intelectual de la legalización de las drogas inició como uno de los grandes temas electorales, pero poco a poco perdió relieve, sin embargo benefició a la candidata del PAN que  ganó en tres estados donde nunca antes había ganado elección alguna y que están siendo asolados por la delincuencia organizada, como lo son Durango,  Tamaulipas y Veracruz, además ganó solo en Guanajuato, pero obtuvo el segundo lugar en estados donde la criminalidad tiene sus más altos indicies de actividad.  En plena campaña Josefina Vázquez Mota felicitó a la Secretaría de Marina por lograr la aprehensión de uno de los hijos del chapo Joaquín Galicia, pero esto fue una pifia, confundieron a un pobre muchacho con el peligroso delincuente. 

A manera de gran sumatoria, cabe decir que la propuesta de legalizar las drogas siendo popular en nuestra intelectualidad, es impopular en la sociedad, como lo refleja la nula movilización de votos en favor de Gabriel Quadri, que fue quien la propuso y reiteradamente abogó por ella, el tema que terminó siendo irrelevante al final de la contienda, no obstante que inició como el más importante a inicios de la contienda electoral, por cierto Quadri apenas obtuvo el 2.29% de los votos, algo menos que el porcentaje de votos anulados.


Es llamativo el hecho de que ya transcurrida la elección y a un par de meses de entregar la presidencia de la república, Felipe Calderón, el presidente que llevó hasta sus máximas consecuencias la lucha contra el tráfico de drogas y la delincuencia organizada, haya acudido a pedir ante la Asamblea de las Naciones Unidas, que estas realicen un “estudio sobre la posibilidad de una solución “de mercado” a la lucha contra el narcotráfico” Esto es algo pasmoso, pues lo dice ya cuándo se va, después de más de 60 mil personas asesinadas en todo el país, con miles más desaparecidas, con pueblos que se convirtieron en fantasmas, con decenas de miles de presos, anegados no solo en sangre sino en un proceso de corrupción y con una sociedad que pasó de la impotencia en que vivía antes del 2006, a una guerra cruel desde ese año y a una situación de desconcierto y estupefacción con la última postura de Felipe Calderón. Vaya destilando sangre y pidiendo lo que debió pedir seis años antes, esto solo es posible en México, no porque seamos un pueblo guerrero, que no lo somos, sino porque somos un pueblo tolerante con la estupidez y con muerte, vivimos en ellas desde la independencia y parece que no tenemos escapatoria.

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