A principios de enero todo México reaccionó indignado, la razón fue el “Gasolinazo” y la displicencia con la que el Presidente Enrique Peña Nieto anunció la medida, ya que la presentó como un asunto secundario al nombramiento de Luís Videgaray como Secretario de Relaciones Exteriores, no se imaginó el presidente el nivel del enojo de los mexicanos ante su superficialidad, y después la indignación se desbordó ante aquel oprobioso discurso del y “¿Usted que habría hecho?.
Pero
en Baja California sucedió algo adicional, el Gobernador Francisco
Vega de la Madrid presentó en el Congreso de Baja California (en que
su grupo tiene mayoría absoluta), una nueva Ley del Agua, que fue
aprobada en tiempo “record”, y que fue sometida al Pleno en
ausencia de los restantes diputados, cosa que ocurrió a media
noche.
Esto cuando se supo, se sumó a la indignación acumulada por el “Gasolinazo” y se catapultó cuando se conoció que la nueva ley establecía en ella tarifas de asalto en despoblado, y otorgaba al organismo la facultad de privatizar prácticamente cualquier área de ese servicio público.
Esto cuando se supo, se sumó a la indignación acumulada por el “Gasolinazo” y se catapultó cuando se conoció que la nueva ley establecía en ella tarifas de asalto en despoblado, y otorgaba al organismo la facultad de privatizar prácticamente cualquier área de ese servicio público.
La
indignación fue mayúscula al ser reconocido el gusto incontrolable del gobernador por los bienes públicos en su proceso a convertirse en sus negocios personales, y por las
filtraciones de malos manejos en las comisiones estatales de
servicios públicos, donde se realizan licitaciones dirigidas en
favor de empresarios testaferros del gobernador, como lo son los
hermanos Fernando y Castulo Beltrán Rendón, ambos con un historial en
los negocios con el Gobernador Kiko Vega, desde el primer año en que
se recolectaron mas de ciento veinte millones de pesos para el
hospital CRIT de Tijuana.
Los
Beltrán Leyva son piezas claves e indispensables para ganar
cualquier licitación en los organismo del agua en el Estado, de
manera que en prácticamente todas las licitaciones de mas de dos o
tres millones de pesos, intervienen para llevarse una tajada
compartida con "la superioridad".
Además
uno de los regidores del nuevo ayuntamiento panista de Tijuana, Luis
Torres Santillán de 37 años, se encuentra siendo procesado en San Diego California, por
Lavado de dinero, pues durante la campaña compró millones dólares
en compañía de otros panistas tijuanenses, que depositó en cuentas
a su nombre, sin que pueda justificar la fuente de esas enormes
sumas.
Ahora sabemos que Luís Torres es amigo, socio y apoderado legal de Fernando Beltrán Rendón, compadre del Gobernador Vega, y camarada político del alcalde Juan Manuel Gastelúm.
Lo
anterior aunado a que el gobierno del Estado orquestó una amplia
campaña contra la directora del Semanario Zeta, la respetada
periodista Adela Navarro Bello, y contra periodistas de la talla de
Dora Elena Cortes y Antonio Heras a quien incluso le armaron en la
procuraduría de justicia estatal una oprobiosa acusación penal. Todo esto urdido por el funcionario del área de comunicación
Jorge
Alberto Cornejo Manzo, quien ante la indignación y los señalamientos, fue obligado a
renunciar.
Debo decir, que desde 1989 el Semanario Zeta adoptó una postura de apoyo a los gobiernos
panistas, practicamente renunció a su liderazgo político, en aras
de darle una oportunidad a los gobiernos supuestamente democráticos
que sin embargo, probaron ser una cueva de ladrones, incluso Eugenio
Elorduy para proteger a una empresa extranjera, Sempra, en un
litigio, expropió miles de hectáreas que fueron indemnizadas con
miles de millones de pesos, y que les fueron restituidas a los
expropiados no obstante el multimillonario despilfarro.
Sin
embargo, nadie se atrevió a hostilizar al Zeta, hasta que llegó
Kiko Vega, y con osadía sin par, acosó a los medios, utilizó
intermediarios para lavar dinero en su favor, convirtió los
organismos del agua en maquinas de hacer dinero para sus fines
personales, apropiándose de todas las licitaciones, y finalmente
ante las criticas inevitables, optó por tomar revancha bandolera.
Así,
la indignación nacional se multiplicó a la enésima potencia en este Estado, ante
un periodismo herido, pero honesto que presentó hechos para que la
sociedad juzgara, y así Baja California se convirtió en el mismo
volcán de 1989, pero ahora los malos son los panistas, las lacras
eran y son azules.
Esto no conmovió a Kiko, que seguía insistiendo en su negocio del agua, con
empresarios testaferros para apoderarse de una vez para siempre de
esos organismos. Sin embargo, las acciones crecientes de la sociedad, en actos de oposición y dignidad, resultaron insoportables para el gobierno federal, que intervino y
amenazó a Kiko con auditar cada centavo que le fue proporcionado, y
cada licitación pública con ese dinero, y entonces Kiko Vega se
derrumbó, se le fue el valor al suelo y presentó a regañadientes
una iniciativa para revocar su entuerto.
Es
una tristeza que el PAN termine como una partida criminal en el
Estado que se abrió a él desde los años sesenta, que llevó al
primer gobernador de oposición y que despertó tanta esperanza, y
ahora tanta desilusión e indignación. Tantos perseguidos, tanta injusticia soportada, para terminar siendo exactamente aquello contra lo que otros lucharon, y que por fortuna no vieron la estulticia azul en Baja California, .... afortunados ellos.
Por
Antonio Limón López
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