Uno
de los mayores temas a discusión gira en torno al comportamiento poco digno de
feliz recomendación por parte del Ejército Mexicano, por parte del Secretario de Seguridad
Alfonso Durazo y por parte del Presidente de la República Andrés Manuel López
Obrador, en relación a los hechos ocurridos el jueves 17 de octubre en Culiacán, Sinaloa.
Todo
ocurrió en medio de una serie de desaciertos verbales, pero que no dan duda a lo
que de manera sobresaliente llamó la atención de todo México, que fue un intento de
detención de Ovidio Guzmán López hijo de El Chapo Guzmán, y uno de los dirigentes
del Cártel de Sinaloa.
Desaciertos
que inician con el Presidente de la República, que dijo que fue un intento de "detención debido al
cumplimiento de una orden de aprehensión dictada por un Juez de Distrito", y de
ahí dijo que ordenó la inmediata libertad del hijo del narcotraficante "debido
al riesgo que existía de muertes en Culiacán", Sinaloa, como consecuencia de los
actos que estaban escenificando los miembros del Cártel de Sinaloa en la
mencionada ciudad, contra ella, contro los propios militares y contra sus familias.
Desaciertos,
que incluyen al Secretario de Seguridad Alfonso Durazo quien dijo que "(Ovidio) .. no había
sido detenido", y que al gozar de absoluta libertad como cualquier ciudadano fue
dejado en libertad, desaciertos en que todavía el Secretario de Seguridad esta
ajustando los hechos para salvar su propio pellejo y su aspiración a Gobernador
del estado vecino de Sonora. Por desgracia el relajo sigue, pues al menos ocho
personas murieron, 16 fueron heridas y 52
reos se escaparon de la cárcel.
Fue
necesario un acto de exculpación que se celebró el 21 de octubre en que
estuvieron reunidos la Presidencia de México por medio de su consejero jurídico, el Fiscal General de la
República y el Presidente mismo, de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación, para concluir en voz del Fiscal General Alejandro
Gertz Manero declarando la perfecta inocencia del Presidente de la República,
con lo cual se salva momentáneamente el fantasma de la imputación directa
contra ese alto encargo, imputación que de todas maneras sigue pendiendo sobre el cuello del Presidente de la República.
Esto por fortuna ha colocado al Presidente de la República en un segundo puesto, pues
ha descendido de un zafio cobarde a un idiota mesurado, que optó por una mal
menor, la impunidad a un delincuente con orden de aprehensión, a un prófugo que
sigue en libertad, en virtud del riesgo que implica su captura para terceros.
La
pregunta que me asalta ¿Es qué hubiera hecho en su caso? Algo que en el fondo
es sencillo, no habría dejado el ejercicio y cumplimiento de una orden de
aprehensión en manos del Ejército, si, es bien sabido que están capacitados
para torturar personas, asesinar a lo Rambo a 14 o 15 delincuentes como ocurrió
en Tepochica, Municipio de Iguala, Guerrero, el pasado 15 de octubre, pero no están
capacitados para detener a un delincuente como Ovidio Guzmán López en la vecina
ciudad de Culiacán, Sinaloa.
Ese
es el enorme fallo del sexenio de López Obrador, dejar al Ejército Nacional la
tarea de gran ejecutor de los fallos otorgados por los jueces federales, despreciar
la justicia local y entregar la Federal en manos de personas incapacitadas por
su función natural, como el Ejército que debe servir a la defensa de la
República ante un agravio internacional.
Así
pues, el Ejército no cumple ni la una ni la otra función, pues México depende
para su defensa extraterritorial de Estados Unidos, y para su defensa interior
de los órganos que debieran hacer cumplir el Estado de Derecho, que se encuentra
anulados por la corrupción y por la ineptitud, tal y como ha sido siempre y es
ahora. Tampoco hay ninguna garantía sobre la incorruptibilidad del Ejército,
que se ha corrompido de lo lindo en el pasado, pero si hay certeza en que los
delincuentes cada vez más dominan a México y cada vez es mayor el número de
ineptos que nos gobiernan.
Por
Antonio Limón López.
@antoniolimon
